Por Eugenio Fernández
Caso Mediador: Sin noticias sobre los contratos firmados por una fundación ligada al Gobierno y los ministerios de Defensa e Interior
Mientras la mayoría de los medios de comunicación se están centrando en destacar los aspectos más amarillistas de la trama de corrupción conocida como Caso Mediador, una de sus aristas más graves, por sus implicaciones institucionales, para quedar deliberadamente en un segundo plano. Se trata de los presuntos casos de corrupción en la concesión de contratos para la formación de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel, adjudicados por una fundación pública dependiente del Gobierno de España y de otros contratos adjudicados directamente por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior (…).
La larga experiencia atesorada en el Estado español sobre la multitud de casos de corrupción que han afectado a todas las instituciones permite pronosticar, con un alto porcentaje de acierto, que el Caso Mediador se terminará archivando, en el mejor de los casos, con solo unos pocos condenados
La velocidad y la contundencia con la que el PSOE se ha querido distanciar del ya ex diputado Juan Bernardo Fuentes y de su sobrino y también dirigente socialista en Canarias Taishet Fuentes, a los que significativamente no les reconocen ni la tan traída y llevada «presunción de inocencia», parece indicar que estos dos protagonistas de la trama de sobornos y extorsión a empresarios –no solo ganaderos y no solo de Canarias- se encontrarán entre los “caídos en desgracia» por su inocultable implicación.
Algo similar cabe esperar sobre el propio empresario que da nombre a la trama, «el mediador» Marco Antonio Navarro quien, tras ser detenido, optó por «cantar» con el presumible objetivo de obtener algún tipo de reducción en su posible condena y que, la pasada semana, se atrevía a señalar al mismísimo presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como presunto conocedor de las actividades de la trama corrupta. Según manifestó este «garganta profunda» del Caso Mediador, él estaría “convencido” de que, por la magnitud de la trama no es posible que las más altas instancias del Gobierno regional desconocieran lo que estaba sucediendo. Gravísima acusación que, obviamente, Torres negó casi de inmediato, para anunciar luego acciones legales contra el empresario.
UNA «PRESUNTA» TRAMA CORRUPTA QUE TRASCIENDE LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL ARCHIPIÉLAGO Y DEL ESTADO ESPAÑOL
El Caso Mediador saltó inicialmente a la luz pública como una trama desarrollada en Canarias, de presuntos sobornos y extorsiones a empresarios del sector primario, a los que se les habría exigido el pago de comisiones ilegales a cambio de que sus granjas no sufrieran “inspecciones” o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europea.
Además del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet Fuentes, ex Director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y otros empresarios, fue también inmediatamente implicado en la trama el general de división de la Guardia civil, Francisco Espinosa Navas. El general ahora retirado, único que permanece en prisión provisional tras las detenciones efectuadas, es investigado por la jueza encargada del caso, para tratar de determinar usó su influencia para mediar de forma ilegal en la compraventa de terrenos y en la concesión de licencias en la Zona Especial de Canarias (ZEC) y si “advirtió» a los empresarios con la posibilidad de enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban las supuestas “mordidas” que se les habrían reclamado.
De acuerdo a la información extraída de la investigación policial y judicial, 5.000 euros eran tan solo el «regalo» inicial que debían hacer para acceder a un primer encuentro con Juan Bernardo Fuentes -el tito Berni– o el general – el «Abuelo»-.
LOS NEGOCIOS EN ÁFRICA DEL GENERAL EN LA SUPUESTA «LUCHA CONTRA EL TERRORISMO»
Pero los presuntos «negocios» corruptos del general de la Guardia Civil, al que se le encontraron al ser detenido 100.000 euros en efectivo en dos cajas de zapatos, parecen haberse extendido mucho más allá del Archipiélago y del Estado español.
Durante el período de tiempo en el que se produjeron los hechos ahora investigados, el general Espinosa fue nada más y nada menos que el oficial encargado de desarrollar la formación de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel (GAR-SI SAHEL). Los cuerpos creados teóricamente para «luchar contra el terrorismo» y contra las organizaciones criminales en esta zona de África, actualmente en disputa entre las grandes potencias capitalistas del planeta.
Un proyecto financiado por la Unión Europea con un presupuesto de 74.050.339,46€ y al frente del cual se encontraba España y, más concretamente, la propia Guardia Civil.
Por desarrollar esta labor Espinosa Navas cobraba la friolera de 12.000 euros. Una importante cantidad que, según las informaciones publicadas en la prensa, no les resultaban suficientes para mantener un lujoso tren de vida que incluía juergas opíparas, caras prostitutas, viajes con todo pagado a Fuerteventura o Gran Canaria o el mantenimiento de una amante a la que él mismo había bautizado con el sobrenombre del «chocho volador». Una pariente del presidente de la UD Las Palmas que intentó “colocar”, por mediación de uno de los empresarios implicados en la trama, con un sueldo de 3.000 euros mensuales.
Al parecer, el general de la Guardia Civil temía especialmente el momento de su retiro, tras el cual pasaría a cobrar poco más de 2.500 euros mensuales, por lo que podría haber estado trabajando para garantizarse una jubilación dorada, mediante el presunto cobro de comisiones por la concesión de contratos, en el marco del proyecto de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel que dirigía.
El alto mando de la Guardia Civil está siendo investigado por intentar negociar una comisión de casi 4 millones de euros, en una exclusiva «operación», desarrollada en Mozambique. Para intentar establecer cuál podría ser el alcance de estas operaciones, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el «Caso Mediador», ha solicitado que se proceda a rastrear una cuenta secreta que Espinosa tiene en Bélgica y ha solicitado documentación a los seis países africanos en los que el general estuvo destinado para formar a los Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (Garsi): Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y el Chad, sobre el patrimonio que alto mando militar podría tener en esas naciones.
Las conversaciones del general filtradas a la prensa, desde luego, justifican estas indagaciones:
«El problema de Cabo Verde es que el dinero no te lo puedes traer a España. Viviendo allí eres el rey, el capitán general, un marajá con cuatro negras que te la chupen tres veces al día»-afirmaba el general en uno de los intercambios con otro miembro de la trama.
¿SIN CONTROL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA UE DE LOS FONDOS PÚBLICOS?
La magistrada del juzgado de Sta. Cruz de Tenerife encargada de este caso estudia, concretamente, la concesión de una serie de contratos por un valor total de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general Espinosa en África. Contratos en los incluían varias dotaciones de drones que, de forma reiterada, eran adjudicados al empresario valenciano José Santiago Suárez, amigo del general y apodado precisamente como «el drones».
Pero no es el general investigado el único que debería ofrecer explicaciones sobre lo sucedido en estas operaciones comerciales. Y es que cuatro de estos contratos, que supusieron para la empresa de “el Drones” una facturación total de 137.569 euros, fueron adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp). Una institución pública actualmente presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, al frente de la cual estaba Carmen Calvo cuando tuvieron lugar los hechos investigados y en la que participan dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado como vocales.
Por si ello no fuera suficiente, la juez investiga, además, otros contratos adjudicados por los ministerios de Interior y de Defensa de los que se habría beneficiado el mismo empresario.
De acuerdo a la información filtrada del sumario, los propios investigadores de la Guardia Civil destacan que en la documentación de los contratos no aparecía la referencia de las otras empresas que aspiraban a ser adjudicatarias, sino tan solo los datos de Asesoramiento y Servicio de Drones, propiedad del empresario amigo del general imputado.
Pese a la gravedad de estos hechos, y el seguimiento que este caso está teniendo en todo el Estado, pocos medios de comunicación se han interrogado acerca de la responsabilidad de las instituciones implicadas en la concesión de estos contratos, el propio Gobierno de España, preguntándose si acaso estas contrataciones se efectúan sin mecanismos de control, y dejando la gestión de tan millonarios presupuestos al arbitrio de una sola persona.
Ayudado por una prensa que se centra, exclusivamente, en los aspectos más amarillistas de este escándalo de corrupción, el Gobierno central guarda por el momento un absoluto silencio a este respecto sobre los contratos que esta trama de presunta corrupción realizó con dos de sus ministerios y con la ya mencionada Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp).
Este episodio, sin embargo, obliga a preguntarse sobre cuál puede ser el alcance de los multimillonarios negocios, y las presuntas corruptelas, que crecen al calor de la presunta “lucha contra el terrorismo” y la “colaboración al desarrollo” en el continente africano.
Fuente: canarias-semanal.org
