La rapidez del proceso migratorio en España lleva aparejada la existencia permanente de una alta tasa de personas indocumentadas, «sin papeles», hasta el punto de que la mayoría de los migrantes han pasado en algún momento por esa (ausencia de) situación legal. Los procesos de regulación previstos en las diferentes leyes de extranjería y programados en diferentes momentos de la historia reciente, a pesar de su carácter teóricamente extraordinario se han convertido en uno de los procedimientos ordinarios, junto con el de los contingentes, de documentación de extranjeros extracomunitarios en España (Suárez Navaz et al., 2007: 185). No es extraño pues que las reivindicaciones y movilizaciones de las personas migrantes y la solidaridad que han recibido desde la izquierda hayan girado en buena medida en torno a la cuestión de los «papeles». Hay registro de autoorganización de marroquíes y argelinos en torno a los problemas de regularización ya en 1990 (Varela, 2007: 225). Pero es en 1996 cuando diversos movimientos sociales, primero en Barcelona, luego en Madrid y en el resto de España, lanzaron una campaña en torno a la regularización de todas las personas inmigradas que quisieran permanecer en el país. Así surgió la Assemblea Papers per Tothom de Barcelona (1996), formada por la Federación de Colectivos de Inmigrantes de Catalunya (FCIC), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y la Federación de ONG, con el objeto de dar respuesta a la política antimigratoria del PP. En Madrid se creó un año después la Plataforma Papeles para Todos y Todas, integrada por 49 organizaciones sociales. El modelo se extendió a otros lugares, impulsado por organizaciones de migrantes y movimientos de base (Aierbe, 2007), entre ellos SOS Racismo. Estas experiencias estaban en gran medida inspiradas por el movimiento de los sans-papiers en Francia (1996), que tenían características novedosas si no en las luchas de los migrantes en Francia, que para entonces ya tenían una larga trayectoria, sí en su traducción española.
En primer lugar, la propia idea de sin-papeles y la consiguiente reivindicación de papeles para tod@s pasaba simbólicamente por encima de la idea de la identidad nacional y la «integración», reduciéndola al hecho vulgar y administrativo de tener «papeles». Por tanto exigía que los migrantes fueran equiparados a los nacionales, que sí tenían «papeles» (una variante de la consigna era: «papeles para tod@s o para nadie»). En segundo lugar lo que se exigía por tanto era que las personas migrantes formaran parte del espacio político, del que por definición están excluidos los extranjeros según el modelo de Estado nación. En tercer lugar, en Francia los sans-papiers actuaban de hecho como sujetos políticos autónomos, no como objetos pasivos de ayuda. «Al reivindicar su derecho a ser sus propios interlocutores con la sociedad y la Administración, establecieron una relación nueva (a menudo conflictiva) con las organizaciones francesas de solidaridad» (Aierbe, 2007: 239), sin embargo no dejaron de recibir el apoyo de las mismas. De hecho, de algunas que es dudoso que compartieran esa reclamación de extensión de la ciudadanía, como los sindicatos mayoritarios y el Partido Socialista, entonces en la oposición, pero forzadas a ello por la relevancia social y mediática de las movilizaciones (Krueger, 2001), aunque su afán fuera tratar de neutralizarlas (Bourdieu, 2000: 70-71).
En España, las luchas de los sin papeles se multiplicaron a partir de los acontecimientos racistas de Terrassa (Barcelona) en julio de 1999 y El Ejido (Almería) en febrero de 2000.
Los hechos tuvieron una notable repercusión social en el sentido de que, por un lado visibilizaron la existencia y la importancia de la mano de obra inmigrada (e irregular, es decir, desprovista de derechos) en ciertos sectores de la economía, en particular en el llamado «milagro almeriense», es decir, el desarrollo y enriquecimiento acelerados de esa provincia y sus habitantes sobre la base de la explotación de los invernaderos, y de quienes trabajaban en ellos. Por otro lado, también hicieron visible la existencia de un racismo social sustentado sobre la ficción sincera (Vera et al., 1995) de que España no era racista y, sobre todo, fueron el punto de partida de un ciclo de movilizaciones en torno a la inmigración y los derechos de ciudadanía:
Las imágenes de El Ejido suscitaron, por una parte, una notable reflexión; legitimaron aún más al movimiento asociativo que trabaja con el mundo de la inmigración en sus demandas de regularización de las personas que se encuentran en esa situación. A su vez, la convocatoria de huelga en los invernaderos despuntó la posibilidad de una actuación autónoma de esos trabajadores, que supieron enfrentarse a las agresiones racistas y a las complicidades de la administración local y de la patronal, levantando una serie de reivindicaciones y consiguiendo, en un primer momento, que se admitieran buena parte de las mismas. […] Aunque esa misma dimensión organizativa y reivindicativa, también fue vista por la patronal como una amenaza que influyó, decisivamente, en la posterior política basada en el recurso a mano de obra femenina del este de Europa, destinada a machacar los esfuerzos organizativos y reivindicativos del colectivo original, fundamentalmente, magrebí. (Aierbe, 2007: 238)
Como reacción a esa amenaza, cuando el PP revalidó su gobierno con mayoría absoluta en marzo de 2000, dio un paso atrás respecto al proceso de regularización previsto por la ley de Extranjería que había aprobado apenas dos meses antes, 146 alertando de los «peligros» de la inmigración. El nuevo gobierno puso enormes trabas a la regularización y preparó una reforma mucho más restrictiva de la ley, que se aprobó a final de año. 147 El hostigamiento gubernamental y mediático de los inmigrantes y la frustración de las expectativas de regularización dieron lugar a partir de septiembre de 2000 a un ciclo de movilizaciones que se inauguró con el encierro de trescientos sin papeles en la iglesia de San José de Almería, en continuidad con las movilizaciones que siguieron a los sucesos de El Ejido.
A principios de enero de 2001, la muerte de doce jornaleros ecuatorianos en Lorca (Murcia), empleados irregularmente por un empresario del campo, y la dureza sancionadora de la Inspección de Trabajo, generaron una oleada de despidos de trabajadores irregulares por miedo a las sanciones. El 10 de enero 1500 inmigrantes marcharon de Lorca a Murcia exigiendo su regularización (Aierbe, 2007: 238), a la vez que entre 80 y 100 inmigrantes se encerraban en la iglesia de San Mateo de Lorca. En Barcelona, decenas de inmigrantes subsaharianos amenazados de expulsión acamparon en la plaça de Catalunya, y el 20 de enero unos trescientos sin papeles, mayoritariamente de Pakistán, Bangladesh, Marruecos y varios otros países africanos, se encerraron tres meses (e iniciaron una huelga de hambre) en la basílica de Santa Maria del Pi del Raval, movilización que se extendió a otras parroquias. En Madrid, el 17 de enero se produjo un encierro en el colegio mayor Chaminade (Derechos para Tod@s, 2001) y el 27 de enero en la parroquia de San Ambrosio de Vallecas. El 30 de marzo de 2001 se llegó a ocupar la Oficina del Defensor del Pueblo. En Almería, un grupo de inmigrantes organizó un encierro en el campus de la Universidad, y el Huelva hubo varias acciones similares en la zona fresera (Suárez Navaz et al., 2007: 190-192). (148)
Hasta entonces, el peso de la interlocución de los migrantes con la Administración en lo relativo a cuestiones de extranjería era asumido por asociaciones semiinstitucionales de ayuda a inmigrantes reconocidas formalmente como tales, es decir, receptoras de financiación pública para desarrollar funciones de asistencia e «integración». Los encierros y demás actos reivindicativos, con su funcionamiento asambleario (y por tanto más lento, desordenado y plural) y el protagonismo de los propios migrantes encerrados no fueron bien recibidos por las autoridades (ibíd. 194), que trataron de debilitar y sabotear los encierros mediante cooptación de líderes y explotación de contradicciones internas. En algunos casos, surgieron portavoces o líderes por cada colectivo nacional o lingüístico que asumían la representación de su grupo ante los demás, ya que la categoría «inmigrante», por muy extendida que estuviese entre la sociedad española, no era asumida como un marcador de identidad colectiva por personas de procedencias muy diversas. De hecho, la desconfianza hacia la posibilidad de que los representantes de los distintos colectivos negociaran condiciones ventajosas para los suyos (por ejemplo, esgrimiendo, si existían, acuerdos bilaterales entre España y sus países respectivos) fue uno de los mayores escollos de estas movilizaciones (ibíd. 198-199). No obstante, la visibilización de los migrantes como sujetos políticos también constituyó uno de sus mayores éxitos (Aierbe, 2007: 243).
El ciclo de movilizaciones de los sin papeles en sentido estricto acabó en el propio año 2001, con la regularización extraordinaria de casi 240.000 personas. Como señalaba Peio Aierbe, de SOS Racismo-SOS Arrazakeria (País Vasco), la lucha por los papeles tiene un límite temporal en el hecho de que «el objetivo básico de un sin papeles es dejar de serlo» (Aierbe, 2001: 12). No obstante, los encierros de 2001 tuvieron continuidad en dos sentidos. En primer lugar, están en el origen del reconocimiento de una serie de derechos y explica, como se verá en el capítulo 8, que la mayoría de formaciones de izquierdas apuesten por la ampliación del derecho a voto de las personas migrantes así como el rechazo social que produjo en 2012 la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados: (149)
En tercer lugar, cuestionó abiertamente lo que hasta entonces era un axioma: que buena parte de los derechos de ciudadanía estaban indisolublemente ligados a la nacionalidad. A partir de ese momento vemos cómo, progresivamente, van reconociéndose a las personas que residen habitualmente en nuestra sociedad, al margen de «los papeles», una serie de derechos hasta entonces reservados a los nacionales: derecho a la salud, a la educación, a las políticas de inserción social, a los recursos de ingresos sociales, al acceso a las políticas públicas de vivienda… Incluso, en el terreno de los derechos políticos, existe un gran consenso en la sociedad española sobre la reivindicación del derecho de voto en las elecciones locales para las personas que residan establemente entre nosotros. (Aierbe, 2007: 243)
En segundo lugar, aumentó la conflictividad en torno a la negación de derechos a las personas migrantes y en los años siguientes se dieron movilizaciones que si bien se presentaron como estallidos o conflictos puntuales, eran producto de un trabajo continuado tanto de las organizaciones de migrantes como de los movimientos sociales que habían apoyado los encierros (Varela, 2007).
El lema papeles para tod@s, aunque apuntaba a la extensión de la ciudadanía y al cuestionamiento del Estado nación, dado el carácter «casi de «no-discurso», de no formalización política» (Arriaga, 2003) del movimiento y su articulación en torno a demandas concretas (regularización, revisión de la ley de Extranjería), suscitó apoyos contradictorios. Organizaciones que en ningún caso aceptaban el cuestionamiento de las fronteras convivían con otras que lo hacían de manera abierta, que tenían alguna posición intermedia o que no adoptaban ninguna. Se trataba de organizaciones de adscripción diversa, aunque en su mayoría pertenecientes al ámbito de la izquierda (Suárez Navaz et al., 2007: 204). A título de ejemplo, la Red Ciudadana por la Igualdad, que apoyaba las movilizaciones en Madrid, estaba formada por una amalgama de colectivos en la que participaban sindicatos mayoritarios, asociaciones de migrantes, asociaciones antirracistas, organizaciones políticas de izquierdas, asociaciones de vecinos, instituciones culturales, etc., que iban desde la socialdemocracia a la izquierda radical. (150)
Y, por supuesto, la Iglesia católica a través de ciertas parroquias afines al cristianismo de base, que fueron el escenario de los encierros y que generaron una polémica interna en el seno de la propia institución eclesiástica, con toda clase de posturas (Suárez Navaz et al., 2007: 201-203). Las grandes ONG semiinstitucionales, los sindicatos mayoritarios y la izquierda parlamentaria apoyaban las movilizaciones de un modo más simbólico que efectivo, fundamentalmente en las demandas de regularización extraordinaria, sin cuestionar el statu quo legal y por el capital político que les podía proporcionar dado el papel de mediadores con el gobierno que estas grandes organizaciones tenían tendencia a asumir (Aierbe, 2007: 245) y la relativa simpatía que los sin papeles despertaban en la sociedad (Krueger, 2001).
Las pequeñas organizaciones de apoyo, en cambio, que fueron fundamentales en el mantenimiento de la logística de los encierros (Suárez Navaz et al., 2007: 204), tenían una posición que apuntaba más a un cuestionamiento de los marcos legales vigentes, aunque mostraban las vacilaciones propias de un debate incipiente. La asociación Derechos para Tod@s, por ejemplo, afín a Espacio Alternativo (izquierda radical), (151) pedía el derecho a voto de las personas migrantes basándose en que «la ciudadanía debe estar asociada al hecho de pertenecer a una comunidad y contribuir a su desarrollo, y no al origen nacional, aspecto que, como el sexo, el color de la piel o las creencias, no debe ser motivo de negación de ningún derecho» (Derechos para Tod@s, 2003), aunque en la práctica la reivindicación se ceñía a las elecciones municipales y autonómicas. La razón que se aducía era la dificultad de articular demandas radicales con la creación de un movimiento amplio:
Pero, ¿qué pretendéis? ¿que cualquiera pueda entrar libremente al Estado? ¿Qué resolvamos todos los problemas de todos los países del mundo?. ¿Queréis que cualquiera pueda ingresar libremente? ¿Cómo gobernar, cómo controlar la demanda y oferta de trabajo?. ¿Debe el Estado abandonar la «gobernabilidad» de su propio territorio? […]. Para algunos sectores de la izquierda en general, y en particular, de la izquierda anti-sistema estas pudieran ser preguntas «triviales», no compatibles con un pensamiento revolucionario. Sólo que los sectores sociales que deben necesariamente
involucrarse en este conflicto, a los que dirigimos nuestro discurso, no participan de estos a priori revolucionarios. En general, suelen ser simplemente solidarios en términos difusos (sobre todo l@s jóvenes), con respuestas que no se conforman según los cánones político-organizativo-ideológicos a los que estamos acostumbrados en la izquierda clásica, radical o no. (Arriaga, 2001)
Más allá de los papeles: las sinergias antirracistas
En cambio otras voces, sobre todo las del ámbito del movimiento autónomo, sí abogaron explícitamente por una ciudadanía universal, no basada en el origen nacional, y articularon campañas de desobediencia civil que pretendían ir más allá de las luchas por los papeles. En efecto, el objetivo de un sin papeles es dejar de serlo (Aierbe, 2001: 12), o en palabras de Amarela Varela (2007), «no es que los migrantes que se identifican con la nueva identidad política que parte de la carencia, el estar «sin papeles», estén planteando nuevas formas de nomadismo en la era de la hipermodernidad, o que estos supervivientes se planteen, desde sus tierras de origen, el proyecto político «desobedecer fronteras» porque la fuga les parece una práctica política transnacional innovadora» (p. 219). Sin embargo, «estos sujetos poscoloniales aportan pistas fundamentales para repensar, desde un cosmopolitismo transcultural, el sistema político democrático al que aspiran los
pueblos, o las comunidades políticas contemporáneas, incluso en Europa», o en otras palabras, permiten «detectar pistas con el fin de radicalizar proyectos políticos varios» (ibíd.)
Por eso, como se ha dicho, parte de los movimientos sociales vieron en la cuestión de los migrantes y los derechos de ciudadanía un frente de batalla que podía ponerse en relación con otros discursos y prácticas políticas, relacionadas con las reconfiguraciones del capitalismo y no articuladas en el terreno de las organizaciones políticas clásicas y los sindicatos mayoritarios. Me refiero a discursos y prácticas relacionados con la precariedad y las nuevas formas de trabajo, el recorte de los derechos sociales y políticos, los derechos materiales básicos, la diversidad sexual, la diversidad funcional, los nuevos feminismos (Gil, 2011), el altermundialismo, etc. De ahí que desde diversos movimientos sociales se produjeran intersecciones con la cuestión migratoria, a menudo bajo la forma de actividades asistenciales (clases de castellano o catalán, asesoramiento legal, acompañamiento, etc.) pero con la intención de crear resistencias políticas compartidas, desde una perspectiva de homologación total de derechos de ciudadanía y por el derecho a la libertad de movimiento y residencia. En el caso de Madrid, cito las experiencias tempranas de La Prospe y La Biblio, que se nombran en las entrevistas y que sirvieron en gran medida de modelo para otras posteriores, como el Ferrocarril Clandestino. La Escuela Popular de Prosperidad, La Prospe, 152 es un proyecto ligado al asociacionismo vecinal de los años setenta, que emergió durante la Transición como una escuela de educación de adultos autogestionada y asamblearia en el barrio de Prosperidad (Madrid).
Inicialmente concebida como un espacio de aprendizaje compartido para adultos españoles de clase obrera que no habían podido acceder a la escolarización, su público fue paulatinamente sustituido a partir de los años noventa por inmigrantes recién llegados al país (Colectivo La Prospe, 2014). La Biblio 153 fue una biblioteca autogestionada surgida en el seno del movimiento de okupación, 154 fundada en 1994 y desaparecida en 2014. A partir del año 2000, en la estela de La Prospe, gran parte de su actividad se dedicó a atender demandas de clases de castellano a migrantes, 155 proporcionar asesoría jurídica y acompañamiento (en los cada vez más frecuentes casos de detención y confinamiento en CIE así como en otras situaciones de dificultad), y a promover actividades de
desobediencia civil a las leyes de extranjería.
Después de 2001, se produjeron, como se ha dicho, diversas movilizaciones que aparecieron públicamente como puntuales pero que eran resultado de un trabajo continuado del asociacionismo por la extensión de la ciudadanía. Muchas de estas movilizaciones (manifestaciones, encierros, etc.) se hacían en coordinación con campañas y plataformas de otros países de Europa. En 2005, coincidiendo con el Día Europeo por la Libertad de Movimiento y por el Derecho a Permanecer (2 de abril) se organizaron manifestaciones en más de una veintena de ciudades europeas, para exigir la regularización sin condiciones de los migrantes y defender el derecho de las personas a la libre circulación y a permanecer donde lo decidan. En Barcelona, la manifestación terminó en una serie de encierros de inmigrantes sin papeles que constituyó la última gran movilización de este movimiento. Tuvo sin embargo una diferencia significativa con los encierros de 2001, que es que el apoyo de la sociedad civil española (incluida la Iglesia y otras organizaciones sociales) fue más bien escaso. Entre las razones, se han citado el hecho de que hubiera llegado un gobierno socialista al poder, la construcción mediática de la inmigración como problema y el deseo de marcar distancias con los musulmanes, que en Barcelona eran la mayoría de los movilizados (pakistaníes, marroquíes, senegaleses y gambianos), debido a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid (Varela, 2007: 231-232).
A finales de ese mismo año, en respuesta al asesinato de cinco personas durante una «avalancha» de migrantes que intentaban entrar en Ceuta (Abad, 2005a), se organizó una caravana de unos 400 activistas de toda España y otros lugares de Europa con el objetivo de entrevistarse con las personas retenidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local. 156 De esa caravana surgieron iniciativas de desobediencia civil y apoyo a la inmigración «ilegal» como el Ferrocarril Clandestino (VV. AA., 2006a), que es posiblemente la mayor expresión de esa sinergia entre el movimiento autónomo y el asociacionismo migrante que se apuntaba más arriba. No voy a incidir ahora en ella porque en las entrevistas de la tercera parte de esta tesis se refleja su historia. El Ferrocarril Clandestino también está en el origen de experiencias como la Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM) 157 y relacionada con las organizaciones autónomas de vendedores ambulantes —manteros y lateros—, como el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona 158 y el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. 159 Ese tipo de experiencias, que buscan articular no solo demandas políticas y sentidos comunes desde la diversidad sino también, y sobre todo, lo político con la vida material y cotidiana, han dado lugar a proyectos como Territorio Doméstico,(160)una asociación madrileña vinculada al centro social feminista Eskalera Karakola 161 que promueve el empoderamiento de las trabajadoras del hogar, mayoritariamente migrantes, bajo el lema «sin nosotras no se mueve el mundo» (Vicent, 2013; Mariño, 2016), o Senda de Cuidados, 162 una ONG que pone en contacto a personas necesitadas de cuidados (mayores y otras) con cuidadoras y cuidadores profesionales, autoorganizados para garantizar unas condiciones de trabajo dignas. Existieron también iniciativas relacionadas con lo que entonces se llamaban, todavía, «nuevas tecnologías», en forma de diferentes medialabs (laboratorios de investigación en activismo digital) en torno a la cuestión de las fronteras y el Estrecho de Gibraltar como nueva geografía imaginada (VV. AA., 2006b). (163)
En cualquier caso, fueron y son iniciativas minoritarias en el marco de los movimientos sociales, en el que la participación de personas de origen migrante y la temática de la inmigración tiene unos reductos concretos que solo se amplían de manera coyuntural (Ramírez, 2012), en reacción a cuestiones puntuales como las que hemos ido desgranando. Entre ellas, el asesinato de Lucrecia Pérez en 1992, los encierros de 2001 o la crisis de los refugiados en 2015, y en una escala bastante más reducida, aunque no circunscrita al activismo antirracista habitual, acontecimientos como las muertes de migrantes en Ceuta en 2005 y 2014, los encierros de 2005, las muertes en los CIE (como la de Mohamed Bouderbala en 2017), la muerte del vendedor ambulante Mame Mbaye en Madrid (2018) o las denuncias de las temporeras de la fresa (2018). No abundo en ello porque son acontecimientos que aparecerán reflejados en las entrevistas.
Notas.
146, Ley Orgánica 4/2000 de 7 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social.
147 Ley Orgánica 8/2000 de 22 de enero, de reforma de la anterior.
148, Pueden consultarse diversos documentos relacionados con los encierros y movilizaciones antirracistas de 2001 en https://www.nodo50.org/derechosparatodos/Encierros.htm (consulta: 1/1/2019).
149, Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
150, ACPP, ACSUR Las Segovias, AESCO, AICODE, ARI-Perú, ATIME-Madrid, Ateneo de Madrid, CEAR, CEDEHU, CIMECI, CC.OO. de Madrid, Derechos para Tod@s, FAPA Giner de los Ríos, Federación de Mujeres Progresistas, FRAVM, Shababia Hijos de Inmigrantes, IU de Madrid, , Liberación, MPDL, Madrid Puerta Abierta, Rumiñahui, SOS Racismo, UGT de Madrid, USO, VOMADE (Red Ciudadana por la Igualdad, 2003).
151, Espacio Alternativo era entonces una corriente crítica de IU formada por miembros de la desaparecida LCR. En 2008 abandonó IU para convertirse en un partido independiente (Izquierda Anticapitalista) y en 2015 se transformó en asociación para integrarse como corriente no formalizada en Podemos (Anticapitalistas). La filiación entre Derechos para Tod@s y Espacio Alternativo la deduzco de la abundancia de firmas de militantes destacados de esta corriente en la revista que editaba la asociación, llamada también Derechos para Tod@s.
152, Véase http://prosperesiste.nodo50.org (consulta: 3/1/2019).
153 Véase https://sindominio.net/labiblio/ (consulta: 3/1/2019).
154, Sobre el movimiento de okupación en Madrid, puede verse Domínguez Sánchez-Pinilla et al., 2010, Salamanca y Wilhelmi, 2012 y Martínez López y García Bernar, 2014.
155, La Biblio desarrolló una metodología propia, hasta entonces inexistente, de adaptación de las clases a las situaciones comunicativas de personas sin papeles, que constituían la inmensa mayoría de su alumnado.
156, Son establecimientos de la Administración ubicados en las ciudades de Ceuta y Melilla en los que se confina a los inmigrantes irregulares antes de decidir sobre su situación. Tienen un régimen más abierto que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
157 Véase https://lasinpapeles.wordpress.com/laasociacionsinpapeles/ (consulta: 3/1/2018).
158 Véase http://manteros.org/ (Consulta: 3/1/2018).
159 Véase http://manterosylaterosmadrid.org/ (consulta: 3/1/2018).
160 Véase https://eskalerakarakola.org/2014/06/01/territorio-domestico/ (consulta: 3/1/2018).
161 Véase https://eskalerakarakola.org/ (consulta: 3/1/2018).
162 Véase www.sendadecuidados.org (consulta: 3/1/2018).
Extracto de la Tesis Doctoral «Islamofobia, racismo e izquierda: discursos y prácticas del
activismo en España»
Por Daniel Gil Flores
