El fenómeno migratorio se produce en España más tardíamente que en otros países europeos, algunos de los cuales fueron de hecho receptores de inmigración española hasta los años setenta del siglo XX. España se ha transformado en muy pocos años de un país de emigración a ser uno de los países europeos que más atrae la inmigración, y ha recibido importantes cantidades de personas procedentes de América Latina, el Este de Europa, África y Asia (Cachón, 2003; Portes et al., 2011). Entre 1996 y 2007, el auge de la economía española, basado en gran medida en la burbuja inmobiliaria, estimuló la llegada de inmigrantes, que alcanzó su punto más alto en 2012, cuando España contaba con 6.760.000 personas nacidas en el extranjero, esto es, un 14% de la población, frente al 3% en 1998. Entre 2000 y 2009, España recibió la mitad de todos los migrantes de la UE- 15 (esto es, la UE anterior a la ampliación hacia Europa del Este) y su inmigración neta per cápita fue la más alta de la Unión. Ese proceso de inmigración tan intenso y rápido no se había dado en ningún otro país de la UE.
La crisis económica de 2007-2008 supuso un rápido incremento de la tasa de paro (que en España pasó del 8% al 26% entre 2008 y 2013) y la pobreza (en 2014 de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social). Los grupos más afectados por la crisis fueron los trabajadores autóctonos varones menos cualificados y los inmigrantes, debido a su alta concentración en el sector de la construcción, pero estos últimos añadían además una mayor precariedad en sus redes sociales y profesionales, una cualificación globalmente más baja y los efectos que su situación tenía en sus familias en los países de origen. A pesar de ello, la inmigración se mantuvo estable hasta 2012, cuando empezó a decaer durante los dos años siguientes, de modo que entre 2012 y 2014 la población nacida en el extranjero se redujo en 650.000 personas, hasta suponer un 10% del total (González Enríquez, 2017: 3-5). En julio de 2018 había 4.663.726 extranjeros censados en España, es decir, el 9,9% de la población (INE, 2018). Por nacionalidades, la más numerosa es la marroquí (692.379 personas, 14,84% del total de extranjeros), seguida de la rumana (14,39%). No obstante, la suma de los extranjeros procedentes de los principales países de inmigración latinoamericana es con diferencia la que representa un mayor porcentaje (32,28%). Madrid y Barcelona son las áreas metropolitanas que concentran los mayores porcentajes de extranjeros. Estos datos son coherentes con los de una década atrás (Observatorio Permanente de la Inmigración 2009), contando con el
descenso de inmigración experimentado desde entonces.
El elemento central de las migraciones «musulmanas» a España lo constituye la inmigración marroquí, iniciada en los años setenta pero consolidada en los noventa (Mateo Dieste, 2017: 17). A principios de la década del 2000, los inmigrantes en España procedentes del norte de África constituían un 20% del total, y de ellos el 95% eran marroquíes. Casi 200.000 marroquíes residían entonces legalmente en España, frente a 16.000 una década atrás (López García, 2002: 131). Empezaron a asentarse en la Cataluña de los setenta, muchas veces como resultado de un deseo frustrado de asentarse en otros países europeos, sustituyendo a los xarnegos de antaño (Roca et al., 1983). Un momento clave en el desarrollo de esta población, que se concentraba principalmente en Cataluña, Madrid y Andalucía, fueron los años transcurridos entre las regularizaciones de 1986 (año siguiente al de aprobación de la primera ley de Extranjería) y 1991 (año del establecimiento de visados para ciudadanos del Magreb), que superaron la cifra de 60.000 y a lo largo de la década siguiente fueron regularizados casi 140.000 más. La inmigración magrebí suscitó desde el principio el recurso a la dialéctica histórica entre moros y cristianos: un análisis tempano de esa inmigración llevaba el significativo subtítulo El retorno de los moriscos (López García, 1993).
La ley de Extranjería de 1985(122)establecía una jerarquización en las posibilidades de acceso a los permisos de trabajo y residencia, primando a colectivos a los que se suponía una especial afinidad cultural con España: «Dentro de esta línea merece destacarse la preocupación de la Ley por un tratamiento preferencial en favor de los iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y de los originarios de la ciudad de Gibraltar, por darse en ellos los supuestos de identidad o afinidad cultural, que les hacen acreedores a esta consideración» (Ley Orgánica 7/1985, preámbulo). La ley omitía a otros colectivos que tenían una afinidad histórica con España. El caso más sangrante era el de los ceutíes y melillenses musulmanes, que en su mayor parte no eran ciudadanos españoles y a los que la ley convertía en extranjeros sin acceso preferente a la nacionalidad. También excluía a los habitantes de las antiguas provincias españolas de Ifni y el Sáhara así como a los del antiguo Protectorado español de Marruecos, y, haciendo un paralelismo con los sefardíes, a los descendientes de moriscos. Este «filtro étnico» (López García, 2002: 130) apuntaba claramente a los considerados moros, aunque entonces no se hablaba abiertamente de religión como elemento de afinidad cultural, como sí se empezó a hacer abiertamente en los años siguientes.
Los actos racistas de Terrassa (Barcelona) en julio de 1999 y El Ejido (Almería) en febrero de 2000 y la aparición en los medios de comunicación de habitantes de esas localidades que expresaban sin tapujos sus reservas respecto a los moros, su presencia y sus costumbres, marcó también un punto de inflexión en los discursos sobre la inmigración, que dejaron de ajustarse a la corrección política y además entraron de lleno en la contienda electoral, al contrario de lo que se había pactado una década antes. La zona de El Ejido había experimentado un notable crecimiento económico debido a la producción intensiva de frutas y verduras en invernaderos, la mayor parte de ellos pequeñas explotaciones familiares, pero que en total cubrían 30.000 hectáreas. La mano de obra que hacía posible ese «milagro económico», como se le llamaba, eran trabajadores inmigrantes, sobre todo marroquíes, contratados ilegalmente y en una situación de deterioro social respecto a la población local (FCE y CEDRI, 2000). A lo largo de los años previos, los trabajadores marroquíes habían sufrido distintos ataques organizados, (123) en un clima de desprecio social espoleado por el alcalde del pueblo, del PP. En febrero de 2000, el apuñalamiento de una mujer de la localidad por parte de un joven inmigrante con trastornos mentales desató una oleada de violencia y persecución abierta y
multitudinaria contra los inmigrantes, sus casas y comercios (FCE y CEDRI, 2000; Aierbe, 2007). Los hechos pusieron de manifiesto la existencia y la importancia de la mano de obra inmigrada (e irregular, es decir, desprovista de derechos) en ciertos sectores de la economía y también hicieron visible la existencia de un racismo social que generalmente era negado. En Terrassa ocurrió, a menor escala, algo similar a partir de una pelea en unas fiestas patronales.
En las elecciones inmediatamente posteriores, el Partido Popular exhibió un discurso «duro» frente a la inmigración y una de las primeras tareas de su gobierno, revalidado con mayoría absoluta, fue dar un paso atrás en la ley de Extranjería que había aprobado apenas dos meses antes, 124 poniendo mayores trabas a la regularización y «recortando los derechos de asociación, manifestación, sindicación y expresión de los «clandestinos», pretendiendo así negar su existencia como personas y ciudadanos» (López García, 2002: 137). «Además de la lengua y cultura común, practicar la religión católica es un elemento que facilita la integración de los extranjeros en España», señaló el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda en marzo de 2001 (El País, 2001). Esta idea comenzaba a formar parte de una «conciencia generalizada» en ciertos sectores de la política, no solo del gobierno de derechas, sino también de cierta intelectualidad de izquierdas, y comenzaba a calar en la ciudadanía. Una encuesta del CIS, que revelaba que un 9,1% de los encuestados era partidario de dispensar un trato diferencial a los inmigrantes según su origen, y de ellos el 59,6% decía preferir a los latinoamericanos, frente a un 4,4% que mostraba su preferencia por marroquíes o argelinos (López García, 2003). Así por ejemplo, Fernando Vallespín, cercano al PSOE, aprovechaba la muerte de doce jornaleros ecuatorianos en Murcia para difundir las ideas islamófobas de Giovanni Sartori:
Nadie duda ya de que el futuro de nuestras sociedades es mestizo, que estamos abocados a perder la cómoda homogeneidad étnica y cultural a favor de un creciente pluralismo y multiculturalismo. […] Como recientemente ha observado G. Sartori (La sociedad multiétnica, de próxima aparición en Taurus), tenemos que estar preparados para aceptar que no todos los inmigrantes son necesarios y que el mayor desafío que suscitan es, precisamente, el de la integración en los valores y la forma de vida del país huésped. Y los sociólogos nos advierten de la conexión empírica existente entre el aumento de la heterogeneidad étnica y la disminución de la solidaridad. Por no mencionar algo que ya se percibe en las encuestas: un cierto incremento en las actitudes racistas. ¿Cuál es el umbral —el porcentaje respecto a la población total— a partir del cual la población foránea puede ser integrada? ¿Tenemos algún modelo de integración? ¿Está preparado el sistema educativo y laboral para facilitar la integración y evitar los brotes xenófobos? Intentar responder a éstas y otras preguntas quizá sea el mejor homenaje que podamos brindar a las víctimas de Lorca. (Vallespín,
2001).
El libro de Sartori (2001), presentado en España «a bombo y platillo» (López García, 2003: 129) y especialmente promocionado por el diario socialdemócrata El País (125) (Unzurrunaga, 2001) contribuyeron a extender en España tempranamente los estereotipos islamófobos, porque eran el islam y los musulmanes el sujeto inintegrable al que apuntaba el autor italiano y al que Vallespín se refería oblicuamente. Sartori se adelantaba a las acusaciones de racismo —entendido en un sentido biológico— y contribuía a hacer de la islamofobia algo respetable desde un punto de vista ciudadanista y laico:
En concreto, hoy en Europa la xenofobia se concentra en los inmigrantes africanos e islámicos. ¿Se puede explicar toda la xenofobia y sólo como un rechazo de tipo racial?
Seguramente no. En términos étnicos, los asiáticos (chinos, japoneses, coreanos, etcétera) no son menos distintos de los blancos que los africanos. […] De lo que se debe deducir que la xenofobia europea se concentra en los africanos y en los árabes, sobre todo si son y cuando son islámicos. Es decir, que se trata sobre todo de una reacción de rechazo cultural-religiosa. La cultura asiática también es muy lejana a la occidental, pero sigue siendo «laica» en el sentido de que no se caracteriza por ningún fanatismo o militancia religiosa. En cambio, la cultura islámica sí lo es. E incluso cuando no hay fanatismo sigue siendo verdad que la visión del mundo islámico es teocrática y que no acepta la separación entre Iglesia y Estado, entre política y religión.
[…] Y éstas son las verdaderas dificultades del problema. El occidental no ve al islámico como un «infiel». Pero para el islámico el occidental sí lo es. (Sartori, 2001: 52-53).
Sartori comparaba la integración de los musulmanes con el peso de la mafia italiana en las decisiones públicas: Un alcalde italiano del sur cuya elección está condicionada por el voto mafioso es casi inevitable, aunque finjamos no saberlo, que ceda y conceda ante la mafia. Será previsiblemente lo mismo respecto a las comunidades extracomunitarias, en especial si son islámicas, si se concede a sus miembros el derecho de voto. Ese voto servirá, con toda probabilidad, para hacerles intocables en las aceras, para imponer sus fiestas religiosas (el viernes) e, incluso (son problemas en ebullición en Francia), el chador a las mujeres, la poligamia y la ablación del clítoris. (Ibíd.: 118).
Al año siguiente, ya después de los atentados del 11 S y en reacción a estos, se publicó La rabia y el orgullo, de la periodista italiana Oriana Fallaci, una obra de agitación islamófoba cuya promoción en España correspondió esta vez al diario El Mundo (Bravo López, 2012: 277), a la que siguieron otros libros en la misma tónica e igualmente exitosos. Este tipo de obras encontraron un público predispuesto a recibir ese tipo de mensajes, que no se presentaban con el ropaje burdo del racismo, ni siquiera con el del conservadurismo nacional-católico, sino como una defensa objetiva y apolítica de los valores universalistas y humanistas europeos frente a los extremismos de todo signo que pretendían destruirlos. De ahí que recibieran el elogio de diferentes actores políticos, mediáticos y académicos, por encima de posicionamientos políticos, y constituyeran material abundante para tertulias, producción periodística y literatura seudoacadémica (Urrunzunaga, 2001; Bravo López, 2012: 277; Gómez, 2014: 55).
Hasta principios de la década del 2000, la percepción mayoritaria que la sociedad española tenía de la inmigración magrebí estaba desligada del islam (Olmo Vicén, 1996).
De hecho la representación de la inmigración magrebí, ejercida mayoritaria y vocacionalmente por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), fundada en 1989, no incidía por lo general en asuntos religiosos y se hallaba desligada de la representación del islam, aunque existieran pequeñas asociaciones religiosas formadas por inmigrantes. La representación oficial de los musulmanes la ejercía la Comunidad islámica de España, liderada por neomusulmanes españoles y por árabes de Oriente Medio, a través de sus respectivas componentes: la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) (Planet Contreras, 2008; Gómez, 2014), pese a que el grupo mayoritario de musulmanes en España lo constituyesen los magrebíes. El punto de inflexión se produjo en esa década, casi sin dar tiempo a que se incubara, como en otros países, un largo proceso de rechazo a la inmigración. Los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid son el acontecimiento fundador de ese encuentro entre la islamofobia como problema global y el racismo local, igual que lo había sido a nivel mundial el 11 S (Göle, 2007 [2005]: 19-20; Gómez, 2014: 57-58). No obstante, los atentados tuvieron más repercusión en el nivel del discurso (las declaraciones de Aznar en Georgetown, la proliferación de «expertos» en seguridad y sus obras y foros) y en las prácticas de islamofobia institucional, es decir la multiplicación de operaciones «antiyihadistas» (López Bargados, 2014), que en el conjunto social. Las entrevistas que se hacen en la tercera parte de esta investigación abundan en esa percepción. Es revelador que el propio gobierno del PP considerara más útil políticamente explotar los atentados como acción de ETA que como fruto del islam y las migraciones, y que un amplio sector de la derecha y la ultraderecha mediáticas siguiera durante varios años insistiendo, en torno a los diarios Libertad Digital y El Mundo, en una teoría de la conspiración que involucraba a ETA y al gobierno socialista surgido tras los atentados (cf. Pino, 2006). (126)
Otro acontecimiento que marca la entrada de España en el concierto islamófobo europeo son los sucesivos asuntos del velo locales (es decir, la problematización e intentos de regulación del hiyab, en sus diferentes variedades), que se iniciaron en 2002, pero que no han tenido ni de lejos la repercusión social y política del modelo francés, lo que noimplica, por supuesto, que no tengan un impacto importante sobre la vida de las afectadas (Ramírez y Mijares, 2008; Mijares, 2014; García et al., 2012).
España es, después de Polonia, el país europeo cuyos ciudadanos tienen una percepción más positiva de la globalización. Al mismo tiempo, las encuestas muestran que entre 2002 y 2015 ha aumentado la aceptación de las diferencias respecto a los nacionales de otros países. Sin embargo, los marroquíes son los que menos se benefician de este cambio: como puede verse en el cuadro adjunto, un 80% de los encuestados dice sentirse «poco o nada cercano» a los naturales de Marruecos y un 18% «bastante o muy cercano», lo que supone una variación de apenas un -2% y un +4%, respectivamente, respecto a una década atrás (González Enríquez, 2017: 20).
El estudio de Flores (2015) al que me he referido al principio de este capítulo se basa en los datos de la Investigación Longitudinal sobre la Segunda Generación (ILSEG) llevada a cabo en 2008 y 2009 mediante encuestas a alrededor de siete mil estudiantes de secundaria de Madrid y Barcelona, con padres extranjeros y nacidos o criados en España, es decir, traídos a edad temprana al país. Flores muestra que los encuestados con ascendencia negra eran los que denunciaban mayores niveles de discriminación a causa de su aspecto racial-biológico (el 46% de las personas de origen subsahariano y el 22% de las de origen dominicano), seguidas por los hijos de padres marroquíes (14%), y en menor medida los de diversos orígenes asiáticos así como americanos con ancestros indígenas. En contraste, los hijos de inmigrantes europeos o latinoamericanos de ascendencia europea son los que menos discriminación denuncian, salvo en el caso de los rumanos, que se quejan de manera significativa de estigmatización por el origen nacional. 127 En lo que hace a la religión, solo un 3% de los encuestados percibe discriminación religiosa, y «únicamente los jóvenes inmigrantes de regiones de mayoría musulmana, incluyendo marroquíes y pakistaníes, señalan niveles significativamente más altos de discriminación religiosa, lo que sugiere que la relevancia de la religión como barrera social prácticamente solo existe para los inmigrantes musulmanes»(128) (Flores, 2015: 249). Aun así, la percepción de discriminación por razones religiosas es también minoritaria entre los musulmanes (un 11,4% de los encuestados se declaran como tales). Flores concluye que, frente a los modelos culturalistas de análisis del racismo en Europa, la «raza» en sentido biológico, fenotípico, es a la larga el principal factor de discriminación racista:
Encuentro que muy pocos inmigrantes en España, marroquíes incluidos, piensan que la discriminación religiosa juega un papel importante en sus vidas. En segundo lugar, hallo que, más que la religión, un número significativo de inmigrantes cree que son tanto su nacionalidad como su raza [en sentido biológico] los factores clave que intervienen en el maltrato de que son objeto por parte de otros en España. Sin embargo, al contrario que la discriminación racial, la previsión es que la discriminación por nacionalidad disminuya con el tiempo, a medida que las diferencias culturales de los inmigrantes se reduzcan con la aculturación. En tercer lugar, pienso que la asimilación cultural y los fenotipos de los inmigrantes interactúan en la conformación de la naturaleza de los límites étnicos en torno a la inmigración en España. Si bien algunos inmigrantes de origen europeo, como los del Este, perciben altos niveles de discriminación en relación con la nacionalidad, dejan de acusarlos a medida que aprenden español y pasan tiempo en España. Esto sugiere que su fenotipo europeo les permite volverse prácticamente invisibles cuando se aculturan. En cambio, a medida que los inmigrantes no europeos —incluidos asiáticos, indios, dominicanos y subsaharianos— se asimilan a la cultura española, la percepción de los motivos de su maltrato parece desplazarse de la cultura a la raza. De hecho, en la segunda generación, la raza supera a la nacionalidad como causa principal a la que se atribuye la discriminación. Concluyo que la asimilación cultural va de la mano de una significancia creciente de la raza como principal límite simbólico que margina a los
inmigrantes no europeos en España. (129)
Notas.
122. Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
123, En febrero de 1998, dos marroquíes murieron en el incendio provocado de su cabaña y en noviembre un comando de encapuchados mató a un trabajador agrícola. Este tipo de ataques esporádicos y visiblemente organizados fue denunciado repetidamente por los trabajadores, pero no se dirimieron nunca responsabilidades judiciales ni políticas (FCE y CEDRI, 2000).
124, Ley Orgánica 4/2000 de 7 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social.
125, Entre otras cosas porque la editorial Taurus, que publicaba a Sartori, pertenecía al mismo grupo PRISA que El País. Unzurrunaga cita a Joaquín Estefanía, que fue una personalidad relevante tanto del diario domo del grupo, como uno de los valedores en España de las tesis de Sartori.
126, Enlazo aquí los artículos de Luis del Pino en Libertad Digital. La mayoría de los productos de esta teoría de la conspiración, incluidas algunas webs especializadas y el apoyo de la dirección de El Mundo han desaparecido de la red, al menos de sus ubicaciones originales.
127, Como también hace notar Flores (ibíd.), son unos resultados sorprendentemente parecidos a los de Estados Unidos, donde los hijos de inmigrantes de ascendencia afroamericana (República Dominicana, Haití, Jamaica, Antillas y Bahamas) son los que denuncian mayor discriminación, seguidos por los hispanos de ascendencia indígena.
128, «[…] only immigrant youth from heavily Muslim regions, including Moroccans and Pakistanis, report significantly higher levels of religious discrimination, suggesting that the salience of religion as a social boundary is present almost exclusively for Muslim immigrants.»
129, «I find that very few immigrants in Spain, including Moroccans, believe religious discrimination plays a significant role in their lives. Second, I find that, instead of religion, a significant number of immigrants believe that both their nationality and their race are the key factors driving their maltreatment by others in Spain. Nevertheless, unlike racial discrimination, reports of nationality discrimination are predicted to decrease over time as immigrants’ cultural differences decline with acculturation. Third, I find that cultural assimilation interacts with immigrants’ phenotypes to shape the nature of ethnic boundaries around immigrants in Spain. While some European-origin immigrants, such as Eastern Europeans, perceive high levels of nationality discrimination, they stop reporting it as they learn the Spanish language and spend time in Spain. This suggests that their European phenotype allows them to become virtually invisible as they
acculturate. In contrast, as non-European immigrants, including Asians, Indians, Dominicans and sub-Saharan Africans, assimilate into Spanish culture, their understanding of the reason for their maltreatment seems to shift away from culture and toward race. Indeed, among their second generation, race overtakes nationality as the primary reason that immigrants cite for discrimination. I conclude that cultural assimilation goes hand in hand with the increasing significance of race as the main symbolic boundary marginalizing non-European immigrants in Spain.»
Extracto de la TESIS DOCTORAL «Islamofobia, racismo e izquierda: discursos y prácticas del activismo en España»
Por Daniel Gil Flores
